El «Estudio del impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en España», presentado recientemente en Madrid, destaca que España dispone de 43,1 millones de hectáreas catalogadas como terreno cinegético, lo que equivale al 85 % de su superficie total. Esta cifra supera la suma de las superficies de Alemania y Dinamarca, que cuentan con 35,7 y 4,3 millones de hectáreas respectivamente.
El informe, elaborado por Deloitte y promovido por la Fundación Artemisan con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, subraya el papel estructural de la caza en la geografía española. Lejos de ser una actividad marginal, la caza influye significativamente en la gestión del territorio, la conservación ambiental y la economía rural.
Predominio de la gestión privada y distribución regional
Del total de la superficie cinegética, el 86,7 % corresponde a oferta privada, evidenciando la importancia de los titulares y gestores de cotos en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Las sociedades de caza gestionan directamente casi el 70 % de esta superficie, seguidas por gestores independientes y personas físicas.
En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, Castilla y León lidera con 8,34 millones de hectáreas, seguida por Castilla-La Mancha (7,09 millones) y Andalucía (6,97 millones). En términos relativos, La Rioja destaca con un 98 % de su territorio dedicado a la caza, seguida por Navarra (94,3 %) y Aragón (92,9 %).
Impacto económico significativo
El estudio también revela que la actividad cinegética genera un impacto económico de 10.190 millones de euros en el PIB nacional, sostiene 199.000 empleos (45.642 directos) y contribuye con 1.200 millones de euros en retornos fiscales. Estos datos confirman que la caza no solo es fundamental para la conservación y ordenación del territorio, sino que también constituye una palanca económica esencial para el mundo rural.