La caza sigue consolidándose como uno de los pilares económicos y sociales del medio rural en Castilla-La Mancha. Así lo ha defendido el Gobierno autonómico este 20 de marzo de 2026 en Madrid, donde ha subrayado que esta actividad representa ya el 2,1% del PIB regional, moviliza 963,3 millones de euros anuales y genera 21.800 empleos.
Durante su participación en la feria Cinegética + SCI, celebrada en IFEMA, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, puso en valor el trabajo desarrollado por el Ejecutivo autonómico para reforzar el papel del sector cinegético en la región, destacando su impacto directo en la economía rural y la fijación de población.
Impulso al sector y medidas pioneras
Almodóvar destacó que Castilla-La Mancha continúa avanzando en los compromisos adquiridos en el denominado Pacto por la Caza, suscrito en mayo de 2023. Entre las medidas adoptadas, sobresalen iniciativas como la gratuidad de las licencias de caza y pesca para los residentes, así como la ampliación de los cotos sociales.
El viceconsejero también incidió en el desarrollo de nuevas herramientas formativas dentro del sector, entre ellas un convenio que permite a asociaciones autorizadas formar a nuevos cazadores, guardas de coto y especialistas en control de depredadores, respondiendo así a demandas históricas del colectivo.
A estas actuaciones se suma la certificación de la carne de caza, implantada en 2023, con el objetivo de reforzar su valor añadido en términos de sostenibilidad, bioeconomía y desarrollo rural.
Más caza social y movilidad entre comunidades
Otro de los avances destacados ha sido la expansión de la caza social, que ha pasado de tres cotos disponibles en 2015 a nueve en la actualidad, facilitando el acceso a esta actividad a un mayor número de ciudadanos.
Asimismo, Castilla-La Mancha se ha adherido recientemente al convenio de la licencia interautonómica de caza y pesca, junto a otras nueve comunidades autónomas. Esta medida permitirá a cazadores y pescadores practicar su actividad en distintos territorios con una única licencia anual, con un coste de 70 euros en el caso de la caza.
Según el Ejecutivo regional, esta iniciativa favorecerá la movilidad de los cazadores a nivel nacional y contribuirá a dinamizar aún más las zonas rurales donde se desarrolla la actividad cinegética.
El Gobierno autonómico considera que estos avances consolidan a la caza como una herramienta clave no solo para la gestión del medio natural, sino también como motor económico y social en el entorno rural.