El campo español está en peligro y los responsables políticos parecen mirar hacia otro lado. Los cazadores nunca han sido el problema del medio natural; muy al contrario, han sido y siguen siendo la solución, les pese a quien les pese. Durante décadas han trabajado para mantener el equilibrio de los ecosistemas, controlar poblaciones de especies y proteger el medio rural. Sin embargo, la política ideológica ha decidido criminalizar su labor, imponiendo restricciones y prohibiciones que generan caos, abandono y deterioro evidente.
Mientras los lobbies ecologistas celebran cada medida simbólica que limita la caza, el campo queda desprotegido y los responsables reales del abandono permanecen impunes. Desde la llegada de este gobierno socialcomunista muchos sectores del mundo rural han presenciado una destrucción sistemática del campo. Políticas erráticas y decisiones desconectadas de la realidad del territorio han convertido la gestión del medio natural en un desastre. Algunos sectores ecologistas prefieren ver el terreno en ruinas antes que permitir que los cazadores realicen su función: aprovechar de manera sostenible las especies cinegéticas mediante una cosecha racional que mantiene el equilibrio natural y evita problemas mayores.
El resultado es un medio rural arrasado, mientras los cazadores son señalados como culpables de los problemas que otros han causado. La caza y los cazadores se han convertido en un chivo expiatorio. Ante cualquier problema relacionado con la fauna, la biodiversidad o el medio natural, culpar a la actividad cinegética resulta políticamente más cómodo que asumir décadas de abandono rural y decisiones administrativas equivocadas.
La gestión ideológica agrava el abandono del campo
En lugar de escuchar a quienes conocen el terreno se imponen restricciones y discursos simplistas que ignoran la experiencia y el conocimiento de los cazadores, quienes podrían ofrecer soluciones eficaces y sostenibles. El intervencionismo político en la gestión de las especies es otra consecuencia directa de esta ideología. Durante años se ha limitado la actividad cinegética bajo la presión de quienes buscan prohibir la caza, olvidando que el control de poblaciones no puede abordarse solo desde despachos ni planteamientos ideológicos.
La gestión del medio natural exige medidas prácticas y la colaboración de quienes conocen el terreno. El aumento de poblaciones de jabalíes y conejos ilustra las consecuencias de ignorar esta colaboración. Estas especies han pasado de ser recursos cinegéticos a convertirse en problemas graves para la agricultura, la seguridad vial y el equilibrio de los ecosistemas. Las advertencias llevaban años existiendo, pero las soluciones llegaron tarde o resultaron insuficientes.
En Cataluña la situación es alarmante. Las decisiones adoptadas por anteriores y actuales gobiernos de la Generalitat han provocado la ruina inmediata de exportadores de carne silvestre y amenazan la estabilidad del sector porcino español, cuya recuperación podría tardar décadas. A pesar de la gravedad de la peste porcina africana las administraciones siguen sin contar con la colaboración de los cazadores en las zonas rojas, desaprovechando un recurso fundamental para el control de jabalíes y la reducción del riesgo sanitario. A esto se suma el Reglamento de Armas, que equipara usuarios legales con traficantes, y la prohibición del perdigón de plomo, cuyas alternativas aún generan dudas de seguridad y eficacia.
El reciente congreso de la codorniz en Valladolid mostró cómo informes ministeriales contradictorios son presentados ante la Unión Europea, mientras que los estudios de campo de cazadores y gestores locales son ignorados. Frente a esta gestión ideológica quizá haya llegado el momento de que el sector cinegético adopte medidas similares a las de organizaciones ecologistas: denunciar a gobiernos negligentes y políticos ineficaces que destruyen un medio natural que no saben proteger y que, en realidad, les importa poco. La gestión de la fauna y del medio rural debería basarse en rigor científico, transparencia institucional y diálogo con todos los implicados. Los cazadores forman parte de la realidad del campo desde hace generaciones y su experiencia es vital para conservar especies y ecosistemas. Ignorarlos no resolverá los problemas; integrarlos puede ser la clave para recuperar el equilibrio y proteger el futuro del medio rural español.
